Santo Domingo. – La Unidad de Gestión Inmobiliaria de la Procuraduría General de la República ha confirmado la veracidad de las denuncias de falsificación de documentos para despojar de sus propiedades a los herederos legítimos de Carlos López Western en las comunidades de Punta Rucia y La Ensenada, Estero Hondo, Villa Isabela. Las denuncias fueron presentadas por los abogados César Amadeo Peralta y Pablo Arredondo Germán.
El informe detalla que una banda utilizó documentos falsificados para sustraer terrenos y estafar a varias personas, incluyendo extranjeros. Estos actos fraudulentos involucraron a personas de Santiago y Puerto Plata, quienes simularon ser herederos de Carlos López Western alegando falsamente que no había dejado descendientes.
El análisis pericial de la Unidad de Gestión Inmobiliaria identificó a los sucesores alemanes de Carlos López Western como los legítimos propietarios de los terrenos ubicados en el Distrito Catastral No. 2, municipio de Luperón, y actualmente en Villa Isabela. Entre estos terrenos se encuentran la parcela No. 10-D y otras ubicadas en Estero Hondo, Punta Rucia, La Ensenada, Tiburcio, Pedro Acosta, Rancho Manuel, La Costa, Solimán y La Arena.
Existen procesos judiciales pendientes contra el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, la compañía Franasyl, SRL, y otras personas por deslindes fraudulentos y la emisión irregular de títulos a favor de falsos herederos de López Western.
El informe solicita la nulidad de todas las constancias anotadas o certificados de títulos emitidos en base a la resolución No. 6321-6322 de fecha 12 de junio de 1990, a favor de los falsos herederos. Además, se recomienda remitir copia del expediente a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para evaluar la procedencia de acciones penales contra los responsables de estas actuaciones ilícitas, fraudulentas y dolosas.
Asimismo, se ha solicitado que el Registro de Títulos de Puerto Plata inscriba una Nota Preventiva para paralizar la emisión de cualquier documento relacionado con la parcela No. 10-D.
La investigación fue coordinada por cuatro procuradores generales adjuntos de la Unidad de Gestión Inmobiliaria. El caso ha ganado notoriedad debido a los desalojos irregulares y los títulos fraudulentos emitidos, afectando a varios propietarios en la zona. Se espera que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público someta a la justicia a los autores y cómplices involucrados en estos actos fraudulentos.
